El derecho a la defensa en el siglo XXI

El principio de derecho a la defensa recogido en nuestra Constitución proviene de una concepción de protección de las personas y sus derechos de hace más de 500 años. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la intención de evitar las vulneraciones de los derechos humanos que se produjeron durante aquella, que se llevaron a cabo bajo el aparente paraguas de las leyes, se renovó el concepto de derecho a la defensa, en el sentido que hoy pervive.

Dicha protección, que se recoge en las diferentes Constituciones nacidas tras el fin de la guerra, tiene en cuenta un concepto de “defensa” basado en las herramientas que existían entonces. Sin embargo, en estos 70 años las cosas han cambiado mucho. Aparecen nuevos instrumentos de defensa, como es el arbitraje, que sobrevive paralelo al mundo judicial, pero que está reconocido como fórmula para proteger a los ciudadanos sin tener que acudir a un proceso judicial, más costoso y largo.

Una Ley Orgánica sobre el Derecho a la Defensa, debería empezar con una definición de “defensa” lo más amplia y ajustada a la época en que vivimos. No sería de recibo que por tratarse de un concepto muy antiguo del derecho mantuviera ahora el mismo alcance. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la defensa material, un concepto que se olvida a menudo, que hace alusión al derecho de la persona a defenderse por sí misma. Es el vector primario del derecho a la defensa, en tanto este empieza por la posibilidad que ha de tener la persona a ser oída de una manera cualificada, es decir, más allá del simple acto físico de ser escuchado como ser humano.

Con objeto de promover el debate, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos y el ICOGAM han elaborado una jornada en la que expertos en derecho, magistrados, responsables de diferentes profesiones y políticos han tratado sobre este tema crucial. A continuación las diferentes mesas que se produjeron durante la celebración de la jornada.