Los Gestores Administrativos solicitan al Gobierno que refuerce las medidas para asegurar la liquidez de las pymes

Según el Barómetro de los gA de septiembre, 700.000 empresas presentaban problemas de liquidez.

El 8% de las PYMES presentan impagos ante la Seguridad Social y Hacienda.

Madrid, 5 de noviembre de 2021. De acuerdo con los datos recogidos hace poco más de un mes en el Barómetro de los gA, las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de contrarrestar la falta de liquidez provocada por la crisis sanitaria y las medidas de contención que se adoptaron, las PYMES muestran un claro agotamiento en su capacidad de pago.

Según el estudio, el 26% de las pymes atraviesan problemas de liquidez. El 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda; el 14% encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras un 27% de los negocios tienen clientes morosos. El 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores y el 10% están en mora con las entidades financieras. El Barómetro también arroja un dato preocupante: 130.000 empresas están en situación de quiebra técnica; solo la moratoria concursal evita que hayan tenido que presentar ya el concurso de acreedores.

El último informe de estabilidad financiera del Banco de España viene a reforzar estos datos, indicando que observa un incremento notable en el riesgo de impago asociado a los préstamos ICO Covid 19. El volumen de operaciones que han sido clasificadas por las entidades financieras en “vigilancia especial” se ha duplicado hasta el 16%. Se incluyen en vigilancia especial los deudores que, manteniendo aún el pago de sus operaciones, muestran síntomas de debilidad para poder afrontar en el futuro el pago de sus cuotas.

“Venimos diciendo desde hace muchos meses que la recuperación micro no se está produciendo, al menos en todos los sectores, a la velocidad que nos quieren hacer ver; muchas PYMES se tuvieron que sobre endeudar para hacer frente a los compromisos de pagos durante los meses que se les prohibió vender o se restringió la movilidad, y todavía no han recuperado sus niveles de ingresos”, señala Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos.

“El Código de Buenas Prácticas, que ha pretendido ser un alivio para las PYMES que cuentan con un préstamo ICO Covid19, no ha sido más que un nuevo fiasco. Las dificultades administrativas por parte de los Bancos y del ICO para su gestión, han sido parte del problema, pero no el único”, continúa Santiago. “Han dejado en mano de los bancos una gran parte de las operaciones a renovar. Si, tras cumplir el extenso marco de condiciones establecido en el RD Ley que regula el Código de Buenas Prácticas, la PYME o el autónomo no tuvo una caída del 30% de ingresos entre 2020 y 2019, el banco decide si quiere o no ampliar”

Señala el presidente de los Gestores Administrativos que “nos estamos encontrando con todo tipo de problemas. Y si en las ampliaciones que deberían ser automáticas los están poniendo (llegando incluso a aconsejar a los clientes que no soliciten las ampliaciones), pueden imaginarse en aquellas que no lo son. Y el límite puede estar en haber descendido las ventas en un 20%”.

“Y, lo peor de todo”, señala Santiago, “es la desinformación en las oficinas, procesos centralizados que aburren a cualquiera, pero que para empresas que no disponen de un departamento administrativo hacen casi imposible materializar todas las solicitudes de información que reciben. A menudo, hemos soportado reenviar los mismos documentos tres, cuatro o cinco veces. Y, por si fuera poco, cada banco llevando a cabo el proceso de forma muy diferente”.

“Señores gobernantes, amplíen los plazos establecidos en el Código de Buenas Prácticas, adapten las condiciones de solicitud a las condiciones reales por las que están atravesando las PYMES y los autónomos, obliguen a los bancos a aceptar las ampliaciones, todas, sin excepción, pues para algo el que paga es el Estado, y conseguirán tiempo ustedes, los bancos y las PYMES y autónomos para recuperar el pulso de su actividad”, indica Fernando Santiago. “Lo contrario, ahogar a las empresas financieramente, será un buen negocio para los bancos, que terminarán recibiendo los fondos del Estado (70/80% de las cantidades avaladas) y un mal negocio para el país”.

Finaliza el presidente de los Gestores Administrativos señalando que “hay quienes manifiestan que no estará tan mal la cosa cuando no hay casi peticiones de préstamos participativos y de quitas. Si lo fácil está siendo imposible…”