El debate del absentismo y las 37,5 horas de Yolanda Díaz
Algo no cuadra en el mercado laboral español. Las cifras de afiliación están en niveles récord. El Gobierno “vende” toda vez que puede los más de 21 millones de ocupados que publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) recientemente con los datos de cierre del 2024. Sin embargo, la renta real de los trabajadores apenas crece, el volumen de subsidios está en máximos históricos y las horas efectivamente trabajadas siguen estando por debajo del nivel prepandemia.
¿Dónde está el truco? No es fácil responder a esta pregunta, menos aún intentar conciliar una realidad que parece contradictoria, pero que en realidad no es. Son manifestaciones de un mismo fenómeno para cuyo análisis falta incluir dos variables fundamentales: por un lado, el absentismo laboral y, por otro lado, la productividad. Al segundo factor le dedicaremos un capítulo específico porque es el principal problema de la economía española.
Hoy toca ocuparse, aunque sea de manera superficial, de una realidad hasta hace poco invisible que es el absentismo laboral en el marco de la reducción de jornada. Precisamente, esta variable es clave para entender bien qué está en juego cuando el Gobierno plantea una ley de reducción de la jornada laboral legal de las 40 horas actuales a las 37,5 horas. Como buena política populista, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo la plantean a través de una reducción al absurdo: ¿qué mal puede hacer que la jornada diaria se reduzca en media hora? No es muy difícil darle la vuelta a este absurdo. ¿Por qué reducir media hora y no una hora, dos, tres…? ¿No será que cualquier reducción por decreto tiene efectos (y no pocos) sobre empresas y trabajadores?
El debate de la reducción de jornada hay que enmarcarlo correctamente en dos niveles: por un lado, su efecto transversal sobre la economía (la macro) y, por otro lado, su efecto en los diferentes sectores, ya que hacer medias aritméticas está muy bien, pero eso oculta problemas relevantes en sectores concretos. Sobre esto último están apareciendo en los últimos días pronunciamientos muy concretos de las patronales de los comercios, la hostelería, el turismo, entre otros.
El planteamiento original del anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión parte de un error de concepto que sorprende por lo burdo que parece. Es pensar que todas las empresas en España son oficinas físicas que trabajan de lunes a viernes, las cuales pueden dejar de trabajar media hora antes cada día sin reducción de sueldo, pudiendo redistribuir el trabajo a lo largo de la semana. La mala noticia para todos (y también debería serlo para el Ministerio de Trabajo) es que este tipo de modelo de producción no supone ni el 20% del tejido productivo.
El resto (la industria, el comercio, la hostelería, la agricultura…) saben perfectamente que esta medida no tiene efectos inocuos y que, como mínimo, tendrán que o bien contratar a trabajadores que cubran las horas que dejan de trabajar los existente o incrementar sustancialmente el número de horas extra, con el consabido incremento neto de costes que no pueden amortizarse. Nada indica que las 2,5 horas semanales que se dejan de trabajar por la plantilla ya contratada vayan a ser más “productivas” para lograr compensar el incremento del coste laboral por hora.
Un doble reto, por consiguiente, para el empresario: afrontar un incremento neto del coste por hora efectiva y, al mismo tiempo, intentar elevar el rendimiento de esas 2,5 horas para compensar el incremento de costes laborales. Obviamente, este análisis del ‘coste marginal’ debe llevar al análisis ‘macro’ de cómo mejorar la productividad de las 40 horas nominales de la actual jornada laboral. Desde luego, existe margen de mejora por la vía del factor trabajo. Pero hay muchas dudas de que la reducción nominal de jornada tenga efectos positivos en este aspecto. Sin ir más lejos, si atendemos a la media “macro”, ahí vemos que lo de las 37,5 horas ya se alcanzó hace muchísimo.
Hay que coger bien los datos de la EPA. Los asalariados del sector privado (con lo cual, quitamos autónomos y el sector público que, por cierto, es una fuente muy importante de absentismo) trabajan de media bastante menos de 37,5 horas efectivas: 36,6 horas. Aquí, el concepto “horas efectivas” es la clave porque es necesario descontar vacaciones, bajas, regulaciones voluntarias de empleo y otras causas. Entre todas ellas, concretamente en el capítulo de bajas, es donde se esconde el crecimiento del absentismo laboral.
Gráfico 1: Evolución del número de horas efectivamente trabajadas semanales
Fuente: INE (2025) https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=65164#_tabs-grafico
En términos porcentuales, el 11,32% de los asalariados del sector privado se encuentra en esta situación en promedio anual. Desde antes de la pandemia, el porcentaje de trabajadores privados en baja ha crecido de manera continua, excluyendo el pico alcanzado en una de las oleadas de la pandemia en que llegó al 16,12%.
Cuadro 1: Evolución de los ocupados que no trabajan en la semana de referencia
Fuente: INE (2025) https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=65143
¿Es verosímil que en los últimos años se haya disparado en tal magnitud el número de enfermedades que incapacitan para trabajar? Si atendemos a los datos ofrecidos por el Observatorio de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social parecería que sí, pero el orden de magnitud no cuadra con los datos de la EPA. Incluso con pandemia de por medio, el incremento de las enfermedades diagnosticadas no es suficiente para explicar el incremento monótonamente creciente tanto del número como del porcentaje de personas que no acuden a su puesto de trabajo.
Por tanto, es imprescindible abordar esta problemática para determinar no sólo cuántas personas están utilizando el cauce de las bajas de manera fraudulenta, sino también reducir los incentivos a no trabajar. En sí misma, la reducción de jornada legal no supone un incentivo mayor a trabajar, además de generar una pérdida global de bienestar: el excedente del consumidor (en este caso, el trabajador) no crece de manera significativa, mientras que el excedente del productor (en este caso, el empresario) se reduce por el incremento neto del coste laboral. Habrá que buscar otros mecanismos y enmarcar correctamente el debate de la 37,5 horas de manera realista.